El Ayuntamiento de Barcelona, a diferencia del de Madrid, renuncia al control integral de los edificios

ABC de Cataluña
20-3-2006 02:49:02
ÀLEX GUBERN

BARCELONA. El desalojo el pasado miércoles de un edificio en el Turó de la Peira aquejado de graves problemas estructurales ha puesto de manifiesto la nula capacidad de las administraciones a la hora de velar por la seguridad del parque de viviendas en Cataluña. En el Turó de la Peira, y en una situación generalizable a muchos otros barrios catalanes, hasta 27 comunidades de propietarios se habían negado a realizar un diagnóstico de sus edificios, y eso en una zona en la que, sin excepción, todas las fincas revisadas hasta ahora han requerido una rehabilitación a fondo, tal y como señala el arquitecto responsable, Carles Buxadé.

Reconociendo su impotencia, tanto los representantes del Ayuntamiento de Barcelona como los de la Generalitat asumen que con la actual legislación y normativas, y hasta que no se apruebe la nueva ley de Vivienda que prepara el Govern -previsiblemente en abril-, no se podrá obligar a nadie a someter a revisión sus viviendas, y aún con limitaciones. Casi como si de una fatalidad se tratase, desde las administraciones catalanas se alega que no se pueda hacer más, una manera de reconocer que la actual legislación es coja, pero también, aunque eso no se diga, que los instrumentos que sí se tienen no se emplean a fondo.

Participación de las inmobiliarias

Si bien la legislación deja claro que la vigilancia de la conservación de las viviendas es competencia de los municipios, la mayoría de ayuntamientos no tiene suficientes medios materiales y humanos para desarrollar con eficacia esta función, además de no contar con ningún instrumento legal -vía ordenanzas- para cumplirla. En el caso de Barcelona, por ejemplo, la ordenanza sólo alude a la conservación de los elementos externos, un texto, además, que es masivamente incumplido.

En este sentido, el mirar a otro lado de los gestores municipales de la capital catalana contrasta con la situación que se da en Madrid, donde en 1999 -en paralelo a otros municipios españoles- se aprobó la ordenanza que regula la Inspección Técnica de Edificios (ITE), un instrumento que si bien en sus primeros pasos tardó en arrancar -incluido un recurso legal que mantuvo en suspensión siete de sus artículos durante un año y obligó a una nueva redacción del texto en 2003- se ha demostrado una buena herramienta en el control de la seguridad de los edificios. La concienciación sobre el mantenimiento de los edificios empieza a calar entre la ciudadanía, y no es raro en Madrid que los anuncios de las inmobiliarias empiecen a subrayar que el bloque en cuestión ya ha pasado su correspondiente ITE, algo que no se da en Barcelona.

Incumplimiento masivo de normativa En Barcelona la situación es otra. A raíz de los desprendimientos de fachada que en 1997 se llevaron la vida de dos personas con apenas unas semanas de diferencia, se impulsó la aprobación de la ordenanza relativa a los Usos del Paisaje Urbano (1999), que obliga a los edificios de más de 15 años de antigüedad a sacarse un certificado de solidez que garantice la seguridad de los elementos externos. Siete años después de entrar en vigor, el incumplimiento de la normativa es masivo, y se estima por ejemplo que apenas el 50 por ciento de los 6.000 edificios de más de 100 años de Barcelona lo tiene. En el caso de fincas de entre 50 y 100 rondarían el 20 por ciento, mientras que por debajo de esa edad no llegarían al 10.

La falta de información y, sobre todo, de un registro obligatorio donde poder comprobar que se tiene el certificado han hecho de esta norma papel mojado. «A la administración no le interesa insistir en el mantenimiento, no les sale rentable», se lamenta Jaume Ratera, responsable de mantenimiento del Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña (COAC), quien añade que el «certificado de solidez» municipal sólo se reclama a posteriori, «cuando ya ha caído la cornisa. Es una manera que tiene la administración de descargarse su responsabilidad legal».

Si la falta de certificado relativo a los elementos externos es masivo, todavía es peor el control sobre los elementos estructurales, que a diferencia de lo que sucede en Madrid, directamente no existe. En la capital española, y con datos de agosto de 2005, ya disponían de su ITE 42.467 inmuebles, el 53% de los cuales tuvieron informe favorable.En paralelo, la implantación de la inspección obligatoria ha hecho aflorar en Madrid un importante volumen de «infraviviendas» que de otra forma habrían quedado ocultas. La ITE madrileña, obligatoria para fincas de más de 30 años, tiene programados hasta 2009 el control de más de 100.000 edificios, en una serie de oleadas que primero se centró en los muebles catalogados y prosigue luego con los de más a menos edad.

Actuación de oficio en Madrid

En los casos en los que no se cumpla la obligación de pasar la ITE dentro del periodo voluntario, en el plazo de tres meses el Ayuntamiento actúa de forma sustitutoria, realizando la inspección por su cuenta -hay firmados convenios con los colegios de ingenieros, arquitectos y arquitectos técnicos-, y pasando luego la factura a la comunidad de propietarios. El departamento de la ITE del Ayuntamiento de Madrid cuenta con cuatro secciones técnicas y dos jurídicas dotadas con 31 funcionarios, además de tres personas dedicas en exclusiva al servicio de información ciudadana.

Fuente: ABC de Cataluña